En 2025, al menos 124 personas defensoras del territorio y el ambiente fueron asesinadas, siendo en América Latina el lugar donde se produjeron el 85% de los mismos. Así lo afirma el último informe de Global Witness, publicado el miércoles 16 de septiembre, que sitúa a Colombia, por cuarto año consecutivo, como el país más peligroso del mundo para laspersonas defensoras, con 39 asesinatos.
Brasil se encuentra en segundo lugar, con 26 defensores asesinados, más del doble que el año anterior, en el que fueron asesinadas 12 personas. Honduras y Filipinas se sitúan en tercera posición de la clasificación con 12 asesinatos, seguidos de México con 10 y Guatemala con ocho.
"Nuestros datos son un estimado mínimo, porque solo incluimos casos que pueden ser verificados de manera independiente. Existe un subregistro de casos, por lo que el número real de ataques letales es probablemente más alto del que reportamos", aclara a DW Juliana Vélez, senior de campaña de la organización que lleva analizando esta cuestión desde 2012. Desde entonces, 2.375 personas defensoras del ambiente en todo el mundo han sido asesinadas y desaparecidas. La región que más sufre este fenómeno es América Latina.
"Global Witness ha documentado asesinatos y desapariciones de personas defensoras del ambiente y el territorio desde 2012, identificando sistemáticamente a América Latina como la región más afectada", lamenta Vélez, que apunta a un par de factores clave. "Cada país latinoamericano tiene una realidad diferente, pero vemos repetidamente a personas defensoras enfrentando conflictos territoriales, protección insuficiente y altos niveles de impunidad. Los pueblos indígenas y las personas campesinas se ven especialmente afectados porque muchas veces están en primera línea de las disputas por el territorio", explica.
Así, el informe destaca que las disputas territoriales estuvieron asociadas a más de la mitad de los asesinatos documentados en 2025. En este sentido, las industrias mineras y extractivas se vincularon a 11 asesinatos, los intereses madereros a ocho y la agroindustria a seis. Por otro lado, alrededor del 36% de las personas asesinadas en América Latina eran personas indígenas y el 40% eran personas campesinas. "En Colombia, 35 de las 39 muertes documentadas en 2025 estuvieron relacionadas con conflictos por la tierra, casi la mitad de las personas asesinadas eran indígenas y otras 15 eran campesinas", puntualiza Vélez.
Aunque este país sudamericano ha experimentado un descenso de asesinatos respecto el año pasado, ello no implica que sea una buena noticia. "En Colombia puede haber reducción de asesinatos, pero tenemos incrementos en atentados, desapariciones forzadas y secuestros, y de eso no se habla. Que tengamos una reducción de 48 a 39 es importante, pero no es necesariamente que signifique una mejora", advierte a DW Astrid Torres, coordinadora de la ONG colombiana Programa Somos Defensores.
Así, asegura que "cuando bajan los asesinatos, aumentan otro tipo de agresiones", apuntando a amenazas, campañas de desprestigio, violencia digital, entre otras. Igualmente, recalca otro factor que ha influido en esta reducción: "Muchas personas defensoras tuvieron que abandonar el liderazgo social para no ser asesinadas. Entonces, si bien hay una disminución en los asesinatos, las condiciones reales para ejercer el defender los derechos en Colombia no han mejorado".
"El Estado sigue teniendo una deuda con quiénes defienden derechos", dice tajantemente, apuntando a la falta de actuación contra los actores armados ilegales, así como "actores legales como la fuerza pública que cometen atropellos contra personas defensoras, empresas o empresarios que agreden a líderes y lideresas y actores individuales que perpetran agresiones, incluido asesinatos".
Por ello, además de señalar a la oposición de las comunidades a evitar que se lleven actividades de narcotráfico, así como a megaproyectos de minería tanto legal como ilegal en sus territorios, Torres lamenta que "si no hay un Estado que proteja a quienes defienden los derechos de los que defienden la tierra, el territorio y el ambiente por un lado, ni que investigue y sancione a quien cometen esos crímenes, se reproduce la violencia".
Ante esta situación, las comunidades afectadas han pasado a la acción con el establecimiento de mecanismos de protección colectiva como parte de la defensa tradicional de sus territorios, derechos y medios de subsistencia. Estas medidas incluyen patrullas territoriales, sistemas de alerta temprana, redes de monitoreo comunitario y prácticas culturales y espirituales, entre otros.
En Perú, el pueblo originario kakataibo, que cuenta con una población de unas 6.000 personas repartidas en medio millón de hectáreas de la Amazonía peruana, crearon una Guardia Indígena, hace cinco años, para detener el avance del crimen organizado y el cultivo ilegal de coca en su vasto territorio.
"Nosotros queremos el desarrollo, pero no un desarrollo de asesinatos. Queremos un desarrollo sostenible y razonable y, como guardias, estamos defendiendo nuestro territorio, nuestros derechos", afirma Segundo Ispón, comandante de la Guardia Indígena Kakataibo de Perú.Leslie Searles
"Los pueblos originarios en Perú hemos cuidado nuestros terrenos, siempre hemos sido vigilantes, pero al ver que no hemos sido escuchados y que nuestros derechos han sido violados hemos dicho, basta, tenemos que salir y hacer frente a esto", explica a DW Segundo Ispón, comandante de la Guardia Indígena Kakataibo de Perú. Ispón recalca que "el pueblo kakataibo, en Ucayali, ha sido el más afectado en el tema de asesinatos a los defensores de derechos humanos en Perú".
"Seis de nuestros apos, como llamamos a un dirigente que lidera y defiende su territorio, han sido asesinados y hasta el día de hoy no hemos tenido ningún resultado de parte de los que supuestamente velan por la justicia. No tenemos ningún asesino encarcelado", critica. "Hemos perdido la confianza con la autoridad", subraya. "Creemos en nuestra autoridad, en nuestra policía misma".
Para Vélez, fortalecer estos tipos de mecanismos de protección colectiva, así como el combate contra la impunidad, el hecho de garantizar el acceso a la justicia, la protección del espacio cívico y el derecho a defender el territorio y poner a las personas defensoras en el centro de las políticas climáticas y sobre diversidad, son otras acciones que hay que llevar a cabo para terminar con esta problemática en la región, ante la falta de implementación del Acuerdo de Escazú.
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