Un Gobierno obligado a empezar en medio de una tragedia y marcado por controversias.
Abelardo de la Espriella no tuvo prácticamente periodo de gracia. Tres días después de asumir la Presidencia, el terremoto del 10 de agosto convirtió una agenda destinada a presentar las primeras prioridades del nuevo Gobierno en una operación de emergencia nacional. El sismo, de magnitud 7,4, golpeó con especial fuerza el occidente del país, derribó edificios y causó daños en viviendas, hospitales, escuelas, carreteras y otras infraestructuras. La tragedia dejó al menos 331 muertos y 4.519 heridos, según cifras oficiales, además de decenas de miles de viviendas afectadas.
Varias personas retiran una bandera colombiana de entre los escombros mientras trabajan en el lugar donde se produjo el derrumbe de un edificio dañado por un terremoto, en Pereira, Colombia, el 12 de agosto de 2026.
La primera respuesta del mandatario ha recibido valoraciones contrapuestas, aunque incluso algunos de sus críticos reconocen aspectos positivos. El presidente asumió personalmente el liderazgo de la emergencia, se trasladó a las zonas afectadas, instaló puestos de mando y buscó movilizar recursos nacionales e internacionales. María José Torres Macho, máxima responsable de Naciones Unidas en Colombia, señaló que la transición entre el Gobierno de Petro y el nuevo Ejecutivo no impidió el funcionamiento de las instituciones humanitarias. En una entrevista con France 24, el pasado agosto, el experto en gestión del riesgo Jaime Enrique Gómez Zapata calificó de "muy buena" la respuesta inicial y destacó el liderazgo directo del presidente.
También hubo, sin embargo, problemas derivados del momento político. Rafael Cruz, antiguo director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), consideró acertada la decisión de De la Espriella de acudir rápidamente a la sala de crisis y declarar la emergencia, pero cuestionó que durante los primeros cuatro días no se hubiera producido, a su juicio, una coordinación suficiente sobre el terreno.
Archivo: el presidnete de Colombia, Abelardo de la Espriella, ofrece una conferencia de prensa, junto a miembros de su gabinete, para actualizar el balance de afectados por el terremoto del 10 de agosto en Colombia. Bogotá, 13 de agosto de 2026.
La falta de un equipo plenamente instalado cuando ocurrió el terremoto también fue señalada como una dificultad adicional de un Gobierno que llevaba menos de 72 horas en funciones.
El balance inicial, por tanto, presenta dos caras: capacidad presidencial para reaccionar ante una crisis extraordinaria, pero también las limitaciones de una Administración que todavía estaba terminando de conformarse y que ha sido fuertemente cuestionada tras no llevar a cabo un empalme con su antecesor, Gustavo Petro, quien sigue sin reconocer el triunfo de De la Espriella, con acusaciones de fraude que recuerdan al discurso de Donald Trump en 2020 cuando sin pruebas acusó a Joe Biden de "amañar" las elecciones.
Uno de los debates más sensibles surgidos después del terremoto se refiere a la decisión de Bogotá de limitar la entrada de equipos internacionales de búsqueda y rescate. El Gobierno argumentó entonces que Colombia dispone de una importante capacidad propia y que, en una operación de esta naturaleza, es indispensable contar con grupos que cumplan estándares internacionales de certificación. La UNGRD anunció que aceptaría equipos de Israel, Ecuador, El Salvador y Estados Unidos, mientras Colombia movilizaba sus propios grupos especializados.
La posición oficial tiene fundamentos técnicos. Colombia cuenta con más de una veintena de equipos de búsqueda y rescate y con unidades acreditadas por el Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate de Naciones Unidas, INSARAG. Expertos consultados por France 24 reconocieron que el país dispone de una capacidad nacional considerable y que la coordinación de numerosos equipos extranjeros durante las primeras horas de una catástrofe puede generar dificultades logísticas. Desde esa perspectiva, establecer criterios de certificación no implica necesariamente una decisión política: en operaciones de rescate urbano, la interoperabilidad, los protocolos y la experiencia son factores esenciales.
Pero la decisión generó interrogantes, ya que algunos países con amplia experiencia quedaron fuera de la primera convocatoria. México, Brasil y Chile ofrecieron ayuda y no fueron incorporados inicialmente bajo los mismos criterios, mientras que sí fueron aceptados equipos de Israel y otros países.
Los rescatistas trabajan entre los escombros del edificio Ana Pilar durante las operaciones de rescate tras el terremoto en Cali, Colombia, el 14 de agosto de 2026.
La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, afirmó que los rescatistas de su país no viajaron porque Bogotá exigía certificaciones adicionales. En Chile, equipos USAR también ofrecieron su colaboración. El saliente director de la UNGRD, Rafael Cruz, consideró que la magnitud de la emergencia justificaba ampliar la cooperación y sostuvo que los equipos chilenos contaban con una experiencia particularmente relevante.
El episodio alimentó sospechas de que, además de los criterios técnicos, pudiera haber existido un componente ideológico.
Esa acusación no ha sido demostrada, y el propio debate entre expertos muestra que existen argumentos técnicos para restringir determinados equipos durante las primeras fases de una emergencia. Pero la selección resultó políticamente significativa en un Gobierno que apenas comenzaba y que ya había mostrado una orientación internacional muy distinta de la de su antecesor, el primer mandatario de izquierda del país y exmiembro de la extinta guerrilla M-19, Gustavo Petro.
En una emergencia en la que cada hora puede ser decisiva para encontrar supervivientes, la pregunta de fondo no fue únicamente si Colombia tenía capacidad propia, sino si esa capacidad justificaba renunciar a equipos extranjeros experimentados cuando todavía existía una necesidad potencial de rescate.
Los rescatistas distribuyen paquetes de alimentos a los equipos de rescate y voluntarios que buscan entre los escombros cuatro días después del terremoto que azotó Cali, Colombia, el 14 de agosto de 2026.
Ahora el desafío es diferente. La fase de búsqueda y salvamento dio paso a la evaluación de daños, la reconstrucción y la recuperación. Miles de viviendas deberán ser revisadas y será necesario determinar cuáles pueden ser rehabilitadas y cuáles deben ser demolidas.
Los expertos señalan que la demanda de ingenieros estructurales y especialistas para evaluar edificios será especialmente importante. Probablemente el éxito de la gestión de la catástrofe terminará midiéndose menos por la presencia del presidente ante las cámaras que por la velocidad y transparencia con que se reconstruyan las zonas afectadas.
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Cuando la emergencia sísmica comenzó a perder intensidad, la seguridad recuperó el primer lugar en la agenda presidencial. De la Espriella llegó al poder prometiendo una ruptura con la estrategia de la denominada "paz total" de Gustavo Petro y una política de confrontación directa contra los grupos armados al margen de la ley, como las disidencias de las disidencias de las FARC, el autodenominado Ejército de Liberación Nacional (ELN), las bandas criminales y las estructuras vinculadas al narcotráfico.
Los primeros resultados exhibidos por el Gobierno buscan respaldar esa promesa. Según las cifras difundidas por la Presidencia y recogidas por la agencia de noticias EFE, las Fuerzas Armadas capturaron durante el primer mes a nueve integrantes de diferentes organizaciones criminales y dieron muerte a cerca de 40 presuntos miembros de grupos armados.
Un guerrillero de las disidencias de las FARC junto a un cartel de propaganda rebelde, el 25 de marzo de 2024
También fueron incautadas 49.379 toneladas de estupefacientes, 1.485 armas de fuego y erradicadas 1.321 hectáreas de coca. La prensa local ha presentado esta estrategia como uno de los principales elementos que definen el cambio de rumbo respecto al Gobierno anterior.
La apuesta tiene una lógica política clara: después de años de expansión territorial de grupos armados y de cuestionamientos a los resultados de la "paz total", el nuevo Gobierno asegura que apunta a recuperar la iniciativa del Estado y demostrar que las organizaciones ilegales volverán a enfrentarse a una respuesta militar contundente.
Miembros de las disidencias de las extintas FARC hacen un bloqueo vial en Corinto, Colombia, el viernes 12 de abril de 2024.
Para sus partidarios, las operaciones y las cifras de incautaciones representan una recuperación de la autoridad estatal y un mensaje especialmente dirigido a territorios donde las comunidades han vivido bajo la presión de grupos armados.
Pero el endurecimiento también ha abierto uno de los primeros grandes frentes de controversia de la Presidencia.
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La muerte de menores de edad en operaciones aéreas contra grupos armados se ha convertido en el caso más sensible de la política de seguridad de De la Espriella. El Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó que tres de los diez cuerpos recuperados después de un bombardeo registrado el pasado 27 de agosto en el Guaviare, en el oriente de Colombia, correspondían a menores de 15 y 16 años. El Gobierno defendió la operación argumentando que los adolescentes formaban parte de una estructura armada y, por tanto, constituían objetivos legítimos.
En el trasfondo del flagelo se sitúa un grave fenómeno de reclutamiento de niños y adolescentes por parte de organizaciones armadas al margen de la ley, como las disidencias de las FARC, grupos que se rehusaron a entregar las armas y acogerse al denominado Acuerdo de Paz de 2016.
Según cifras de la Defensoría del Pueblo, entre 2024 y el 31 de julio de 2026 se tuvo conocimiento de 1.173 casos de reclutamiento de menores. Una situación que pone al Estado ante una disyuntiva especialmente compleja: combatir militarmente a organizaciones que utilizan menores, pero al mismo tiempo proteger a esos menores como víctimas del conflicto.
Dos decisiones judiciales recientes han puesto límites a la estrategia del Ejecutivo. Un juzgado de Bogotá y posteriormente un tribunal del Guaviare ordenaron adoptar medidas para evitar bombardeos cuando exista información sobre la presencia de menores y exigieron reforzar los mecanismos de inteligencia, evaluación de riesgos y protección de niños y adolescentes antes de las operaciones aéreas. El Gobierno anunció que apelaría, calificando uno de los fallos de "absurdo e inconstitucional".
La controversia constituye probablemente la primera prueba importante de los límites institucionales de la "mano de hierro". De la Espriella puede mantener una política de seguridad más agresiva que su antecesor, pero tendrá que demostrar que el fortalecimiento de la acción militar no implica rebajar los estándares de protección de la población civil.
La eficacia de la estrategia no dependerá únicamente del número de integrantes de grupos armados capturados o abatidos, sino también de su capacidad para reducir la violencia sin generar nuevas controversias sobre el cumplimiento de las obligaciones legales del Estado.
El contraste con Gustavo Petro atraviesa prácticamente todas las áreas del primer mes de De la Espriella. El cambio resulta especialmente evidente en seguridad, donde el actual presidente ha desmantelado buena parte de la lógica de negociación de la "paz total" y ha sustituido el lenguaje de diálogo por el de confrontación. También se percibe en la relación con las Fuerzas Armadas y en la manera de comunicar los resultados de las operaciones.
La prensa local ha descrito a De la Espriella como un presidente de actividad intensa, muy involucrado en la ejecución cotidiana y particularmente interesado en mostrar públicamente lo que hace su Gobierno. La Presidencia ha difundido imágenes del mandatario en escenarios militares y junto a resultados de operaciones, una estrategia que busca reforzar su identidad política de dirigente dispuesto a enfrentar directamente al crimen.
Un miembro del frente Carlos Patino de la guerrilla disidente de las FARC patrulla junto a cultivos de coca en el Cañón de Micay, una zona montañosa y bastión del EMC en el departamento del Cauca, suroeste de Colombia, el 24 de marzo de 2024.
La diferencia con Petro también se visibiliza en el plano internacional. De la Espriella busca una relación mucho más estrecha con Washington, especialmente en seguridad y narcotráfico, mientras el gobierno anterior mantuvo frecuentes enfrentamientos diplomáticos con la Administración de Donald Trump.
La cooperación con Estados Unidos, así como el acercamiento con Israel representan, en ese sentido, una reorientación significativa de la política exterior colombiana. El terremoto, incluso, proporcionó una primera expresión práctica de esa nueva relación, con la participación estadounidense en la respuesta humanitaria.
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La aproximación a Estados Unidos no es únicamente simbólica. El nuevo Gobierno pretende profundizar la cooperación en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico, al tiempo que busca fortalecer los vínculos económicos y comerciales. El cambio supone recuperar una relación que durante la gestión de Petro atravesó momentos de fuerte tensión.
También se ha producido un acercamiento con Israel, después de que Petro rompiera relaciones con ese país en el contexto de las hostilidades en Gaza que el exmandatario ha señalado expresamente como genocidio, en corcondancia con expertos de Naciones Unidas.
El giro forma parte de una política exterior más próxima a Washington y a gobiernos conservadores de la región que, de hecho, se consolida con la próxima visita del secretario de Estado, Marco Rubio, entre el 8 y 10 de septiembre, justamente a tres países de la región afines a la política estadounidense: Colombia, Ecuador y Perú. Para los partidarios de De la Espriella, se trata de una recuperación de alianzas estratégicas que consideran importantes para la seguridad colombiana; para sus críticos, supone una alineación ideológica excesiva con Estados Unidos y el Estado de mayoría judía.
Archivo: la bandera estadounidense ondea frente a la Corte Suprema de los Estados Unidos, el miércoles 4 de diciembre de 2024, en el Capitolio en Washington.
El terremoto mostró, además, que esta nueva orientación tiene consecuencias prácticas. Israel estuvo entre los países cuyos equipos de rescate fueron aceptados por Bogotá, mientras grupos latinoamericanos experimentados, como los de Chile o México, quedaron inicialmente fuera, según Bogotá, por cuestiones de certificación. Aunque no puede establecerse a partir de estos hechos que existiera una discriminación política, la selección alimentó precisamente esa interpretación y obligó al Gobierno a explicar con mayor claridad sus criterios.
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Otro elemento que define el primer mes de De la Espriella es la manera en que administra la comunicación. La Presidencia ha centralizado fuertemente las comunicaciones oficiales y ha limitado las apariciones públicas de ministros y viceministros.
Medios de comunicación colombianos reportan instrucciones para que los funcionarios no concedan entrevistas o ruedas de prensa sin autorización previa y ó la existencia de una estrategia para priorizar determinados medios considerados "amigos".
La Casa de Nariño no ha confirmado públicamente todas esas directrices, que proceden de notas tomadas durante una reunión de responsables de comunicación. Sin embargo, varias de las prácticas descritas coinciden con lo observado durante las primeras semanas: pocas entrevistas ministeriales, ruedas de prensa sin preguntas y una concentración de los principales anuncios en el propio presidente.
Hay una explicación política para esta estrategia. Centralizar el mensaje permite reducir contradicciones entre ministros, controlar la agenda y proyectar una imagen de Gobierno cohesionado.
Archivo: el presidente colombiano Abelardo de la Espriella habla con los medios de comunicación en una estación de bomberos junto a su esposa Ana Lucía Pineda tras el terremoto de Pereira, Colombia, el 14 de agosto de 2026.
Camilo Granada, antiguo alto consejero presidencial para las comunicaciones de Juan Manuel Santos, declaró al diario 'El País' que considera comprensible que cualquier Gobierno quiera controlar su narrativa. Sin embargo, advierte que esa estrategia encuentra límites cuando restringe el acceso de los periodistas a la información pública. La organización El Veinte, dedicada a la defensa de la libertad de expresión, fue todavía más crítica y calificó el esquema denunciado de potencial amenaza para la libertad de prensa y el derecho ciudadano a estar informado.
El dilema para De la Espriella será encontrar un equilibrio entre disciplina comunicativa y transparencia. Un Gobierno puede decidir quién concede una entrevista o cómo estructura sus mensajes, pero en una democracia la rendición de cuentas requiere también preguntas, contradicción y acceso de medios con distintas líneas editoriales. Como advierte Granada, una estrategia de control absoluto del mensaje puede resultar difícil de mantener cuando las necesidades de información de la sociedad superan la capacidad de unos pocos voceros.
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Los primeros 30 días de De la Espriella parecen ser menos una etapa de instalación que una prueba acelerada de su modelo de Gobierno.
El terremoto le permitió mostrar capacidad de reacción y liderazgo personal, aunque también expuso problemas de coordinación y abrió una controversia sobre la gestión de la ayuda internacional. Y la ofensiva contra los grupos armados ha dado al presidente una plataforma para cumplir su promesa de "mano de hierro", pero las muertes de menores y las decisiones judiciales han recordado que la fuerza del Estado está sometida a límites legales.
Al mismo tiempo, el giro con respecto a Gustavo Petro es difícil de ignorar. La política de seguridad, la relación con Washington, el acercamiento a Israel y el discurso frente a las organizaciones armadas apuntan en una dirección claramente distinta. Incluso el estilo presidencial —más centralizado, visible y combativo— representa una ruptura con la etapa anterior.
Archivo: el presidente colombiano Abelardo De La Espriella, rodeado de personal de seguridad, durante la entrega de ayuda humanitaria a las personas afectadas por el terremoto del 10 de agosto en Cali, Colombia, el 28 de agosto de 2026.
Pero el verdadero balance de esta primera etapa todavía está por escribirse. Los resultados inmediatos en seguridad tendrán que traducirse en una reducción sostenible de la violencia; la ayuda anunciada tras el terremoto deberá convertirse en reconstrucción efectiva; y el control de la comunicación tendrá que convivir con las exigencias de transparencia propias de una democracia.
De la Espriella ha dejado claro en sus primeras cuatro semanas qué tipo de presidente quiere ser. Lo que aún está por comprobarse es si esa mezcla de autoridad, exposición permanente y confrontación puede producir resultados duraderos sin profundizar los conflictos institucionales y políticos que ya empiezan a acompañar su mandato.
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Con EFE y medios locales