El presidente argentino, Javier Milei, envió este jueves al Congreso un proyecto de ley que endurece las sanciones por la explotación de recursos naturales en las islas Malvinas sin autorización de Buenos Aires.
El proyecto se inscribe en la disputa entre Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las islas en el archipiélago en el Atlántico sur, bajo control británico desde 1833.
La denominada "ley de defensa de la soberanía nacional" prohíbe la explotación de cualquier recurso natural en las Malvinas sin la autorización de Buenos Aires y contempla penas de hasta 20 años de prisión, ampliando las de hasta 15 años que se encuentran vigentes desde 2011.
La proyectada ley tiene por objeto castigar a quienes explotan recursos naturales "de forma ilegítima; generar los incentivos necesarios para que los involucrados cesen en dicha conducta; y dotar al Estado Nacional de las herramientas indispensables para protegerse", indica el texto.
También permite a los infractores suspender las acciones penales en su contra si cesan las actividades prohibidas y pagan una multa o se comprometen a invertir en Argentina.
El miércoles, una jueza argentina ordenó la suspensión del proyecto petrolero Sea Lion, de la británica Rockhopper y la israelí Navitas, que prevé comenzar a producir crudo en 2028 en aguas próximas a las islas.
El Reino Unido no reconoce la jurisdicción argentina sobre las Malvinas. El propio proyecto admite las dificultades para hacer efectivas las sanciones y propone habilitar juicios en ausencia.
La soberanía sobre las Malvinas es un tema central de la identidad de los argentinos, que perdieron en 1982 una guerra contra Reino Unido tras intentar recuperar las islas.
Milei, quien buscará la reelección en 2027, dijo el miércoles que "hay que ser muy estúpido" para suponer que su renovado interés en el tema responde a oportunismo político.
El proyecto de ley remitido por Milei crea también un Consejo de Seguridad Nacional que amplía el margen de acción de las Fuerzas Armadas frente a amenazas externas y prevé su utilización para proteger "infraestructuras críticas", en sectores como energía, salud y centros de datos.
Desde hace décadas, la ONU reconoce la disputa de soberanía entre Argentina y Reino Unido e insta a las partes a no tomar decisiones unilaterales sobre ese territorio, una medida que según Buenos Aires los británicos no están cumpliendo.